|
Los proveedores de servicios de salud reproductiva luchan diariamente
al tomar decisiones éticas que pueden tener consecuencias importantes
para el bienestar de sus clientes.
La prestación de servicios a los adolescentes, los clientes que son
VIH positivos y las mujeres que tienen compañeros violentos o que se
oponen a la anticoncepción son algunas de las muchas situaciones que
plantean cuestiones éticas que afrontan habitualmente los proveedores de
servicios de salud reproductiva. También es una cuestión de ética
mantener el equilibrio entre las presiones para ayudar a reducir el
crecimiento demográfico y los derechos de los clientes a tomar decisiones
anticonceptivas libremente.
No hay ningún planteamiento correcto aplicable a todos los casos. Como
mínimo, la prestación ética de servicios de salud reproductiva debe
comenzar con los proveedores, quienes deben considerar cuidadosamente las
posibles consecuencias de sus acciones, partiendo de tres piedras
angulares de la ética médica que están bien establecidas: respeto,
beneficencia y justicia (véase el artículo Investigaciones:
Se debe proteger a participantes). Asimismo, los proveedores deben
recordar que los clientes toman las decisiones finales acerca de los
servicios que reciben.
Sin embargo, con cierta frecuencia, los proveedores afrontan
situaciones en las que esos principios éticos entran en conflicto. Por
ejemplo, se considera que respetar la confidencialidad y, por lo tanto, la
privacidad de los clientes es el deber ético de todos los profesionales
de la salud. No obstante, los proveedores pueden considerar que, desde el
punto de vista ético, es aceptable divulgar información confidencial
para mantener las normas sociales o proteger la salud del público en
general.
Adolescentes
Así como se hace con todos los clientes, las circunstancias
particulares de los clientes adolescentes se deben considerar
cuidadosamente al prestar servicios de salud reproductiva. Por ejemplo,
hay que prestar atención especial en el caso de una persona adulta joven
que desea ser esterilizada, porque el procedimiento es permanente. La
esterilización es inapropiada para los adolescentes jóvenes y se
necesita un buen asesoramiento para los adolescentes un poco mayores que
ya han cumplido 20 años. Según algunos estudios, 20 por ciento de las
mujeres que han sido esterilizadas a una edad temprana (menos de 25 años,
en un estudio) se arrepienten después de esa decisión.1
Los proveedores deben responder cortésmente a los pedidos de los
adolescentes de servicios de anticoncepción reversible, al tiempo que
mantienen la confidencialidad. Las investigaciones han demostrado que hay
más probabilidades de que los adolescentes soliciten esos servicios de
los proveedores en quienes pueden confiar y que respetan su derecho a la
privacidad.2 La doctora Cindy Waszak, científica principal de
FHI con experiencia en salud reproductiva de los adolescentes, opina: «A
los jóvenes les inquieta la idea de que la información que proporcionen
acerca de su comportamiento sexual no sea guardada confidencialmente y que
se dé a conocer a sus padres o a otros adultos. Consideran que no tienen
control y que su comportamiento en particular será sometido a escrutinio
y juzgado por los adultos, y se dan cuenta de que puede haber graves
consecuencias si se divulga esa información».
Y agrega: «Tienen una buena razón para inquietarse. Muchos
proveedores no consideran que los adolescentes tienen los mismos derechos
que los adultos, y muchos de ellos pueden mostrarse reacios a atenderlos
sin el consentimiento de los padres, incluso cuando las políticas
estipulan el derecho de los adolescentes a recibir servicios de
anticoncepción no permanente o tratamiento por infecciones de transmisión
sexual (ITS) sin dicho consentimiento. Muchos proveedores niegan los
servicios a los adolescentes o no guardan la confidencialidad porque
sinceramente se preocupan de que si ponen libremente los métodos
anticonceptivos a disposición de los adolescentes, esto los animará a
tener relaciones sexuales, aunque las investigaciones indican que esto no
es cierto.3 Por último, muchos proveedores deciden negar el
hecho de que los adolescentes están sexualmente activos».
Sin embargo, la decisión de no proporcionar servicios de salud
reproductiva a los adolescentes en un entorno confidencial puede hacer
mucho más daño que bien. La doctora Waszak dice: «Los proveedores deben
preguntarse si están proporcionando la mejor atención posible a sus
clientes, sin importar la edad. La adolescente que no es atendida o cuya
información de salud reproductiva no se guarda confidencialmente puede
terminar con un embarazo no planificado, con una ITS o puede ser condenada
al ostracismo por sus padres u otras personas en la comunidad. Cualquiera
de estas posibilidades puede tener consecuencias adversas en una
adolescente durante toda su vida».
En los casos en que las políticas administrativas o las normas
requieren el consentimiento de los padres para ciertos servicios de salud
reproductiva, el proveedor debe obedecer la ley. Sin embargo, el proveedor
puede recomendar opciones que no requieren divulgación, por ejemplo
comprar condones en una farmacia en vez de obtener las píldoras en un
consultorio. Asimismo, el proveedor puede alentar al cliente o la clienta
a que hable con sus padres u ofrecerse para hablar con los padres en
presencia del adolescente.
La doctora Waszak afirma: «Los proveedores también deben tener
presente que algunas jovencitas están en situaciones en las que les es
difícil, y a veces imposible, rechazar las relaciones sexuales. En esos
casos, es importante que los proveedores respeten la valentía y la
determinación de la adolescente incluso para solicitar servicios de salud
reproductiva».
Clientes VIH positivos
Muchos clientes que son VIH positivos o tienen otra ITS no saben que
están infectados. En muchos lugares, no se pueden hacer pruebas. En otros,
los clientes que sospechan una posible infección tal vez se muestren
renuentes a ser examinados. Posiblemente les causa temor recibir
resultados positivos de una prueba, especialmente si no hay tratamiento
disponible. Asimismo, les puede preocupar que los resultados positivos de
una prueba no se mantengan confidenciales, lo cual da lugar a graves
consecuencias sociales.
Los servicios de pruebas del VIH confidenciales y anónimas han
comenzado a ofrecerse poco a poco, y la mayoría de los expertos están de
acuerdo en que los proveedores deben promover el uso de esos servicios. (Cuando
se hace una prueba confidencial, se sabe la identidad de la persona, pero
los resultados se mantienen confidenciales. Cuando la prueba es anónima,
la identidad de la persona no se registra o no es necesaria.)
El doctor Eric van Praag, experto de FHI en servicios de apoyo y atención
relativos al VIH/SIDA, dice: «Las personas que se enteran de que no están
infectadas se verán animadas a mantener su estado de VIH negativo.
Mientras que las que se enteran que están infectadas se darán cuenta de
la urgente necesidad de adoptar comportamientos sexuales sin riesgo para
no infectar a los demás, recibir asesoramiento en materia de
anticonceptivos que tome en cuenta su estado respecto al VIH y de ser
remitidas activamente para que reciban atención médica y apoyo social si
es necesario. Las embarazadas pueden recibir tratamiento para reducir los
riesgos de transmisión del VIH a sus futuros hijos. Asimismo, un diagnóstico
permite que las personas infectadas obtengan el asesoramiento apropiado y
hagan planes futuros, previendo la forma en que serán cuidados sus hijos
supervivientes y la redacción de un testamento».
En Kenia, Tanzanía y Trinidad, un estudio realizado por un grupo que
incluía a FHI, y en el que participaron unas 4.200 personas entre 1995 y
1998, reveló que las pruebas y el asesoramiento respecto al VIH contribuían
a comportamientos de menos riesgo respecto a la transmisión sexual del
VIH. A lo largo de un período de seis meses, las personas que recibieron
asesoramiento y pruebas relativas al VIH tenían más del doble de
probabilidades de notificar la disminución de relaciones sexuales sin
protección con los compañeros no principales que las personas que habían
recibido sólo información básica acerca de la transmisión del VIH y el
uso adecuado del condón. Los cambios de comportamiento notificados por
las personas mismas fueron confirmados por las tasas de incidencia de ITS.
No obstante, el estudio indicó que los clientes se mostraban renuentes a
divulgar los resultados de las pruebas por miedo a ser objeto de estigma y
discriminación.4
Sus temores están bien fundados en la mayoría de los casos. En los países
en desarrollo, la gente suele depender de sus familias y comunidades
cuando se trata de apoyo y atención. Pero, cuando el estigma se relaciona
con el VIH/SIDA, la divulgación puede producir no sólo el rechazo por
parte de los familiares, sino también la pérdida del trabajo y los
amigos, las agresiones físicas y sexuales por parte de los compañeros e
incluso ataques mortales.5
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que ofrecen vigilancia de la
epidemia mundial del VIH/SIDA, han declarado que todos esos programas de
vigilancia «deben tener políticas que protejan la privacidad de los
pacientes y la confidencialidad de los datos de control de enfermedades».6
Además, los proveedores de atención de salud están obligados por
su profesión a mantener la confidencialidad de la información relativa a
sus clientes. Y muchos de ellos lo hacen.
No obstante, los resultados positivos de las pruebas suelen divulgarse,
ya sea por descuido o a propósito. Los informes relativos a esas
infracciones han llegado de muchos países. Por ejemplo, se supone que la
notificación de VIH/SIDA sea confidencial en Sri Lanka, pero algunas
personas informaron que habían sido objeto de estigma después de que su
estado relativo al VIH se había divulgado por descuido y se había dado a
conocer públicamente en contra de sus deseos. En Sri Lanka, algunos
empleados de salud han sido acusados de haber exigido dinero, a las
personas cuyas pruebas habían resultado positivas, a cambio de no
divulgar a la comunidad su estado relativo al VIH.7
Incluso proveedores bien intencionados a veces revelan información
confidencial acerca del estado relativo al VIH. Alegan que la
confidencialidad que se da a las personas infectadas puede poner en
peligro el bienestar de compañeros saludables que no saben que se han
expuesto a la infección. Al guardar secretos tan peligrosos, algunos
proveedores temen perder la confianza de la comunidad.
Estas inquietudes son tan graves que la notificación de compañeros
contra los deseos del cliente – aunque generalmente restringida por una
larga lista de condiciones – se ha aceptado en varios países.
«Sin embargo, en general, si un cliente no está preparado para
revelar su estado relativo al VIH a nadie, no es mucho lo que un proveedor
puede hacer, salvo decir repetidamente al cliente dónde y cómo revelar
su estado», dice el doctor van Praag, de FHI. En particular, se han
establecido servicios de pruebas y asesoramiento relativos al VIH en
Uganda, Ruanda y otros países africanos para facilitar la comunicación
del estado relativo al VIH al compañero o la compañera. Investigadores
de FHI en Kenia, Tanzanía y Trinidad observaron que el asesoramiento dado
a parejas relativo al VIH era más difícil que el asesoramiento
individual, pero tenía más probabilidades de reducir los comportamientos
sexuales de alto riesgo.8
A pesar del deber ético que tienen los profesionales de salud y los
proveedores de servicios de salud reproductiva de atender a los pacientes
o clientes infectados por el VIH, algunos no cumplen con esta obligación.
En India, por ejemplo, 22 de unos 100 médicos entrevistados dijeron que
no trataban a pacientes con ITS. «Es sumamente lamentable que los
profesionales médicos, que deberían ser los primeros en ofrecer atención
y apoyo a las personas infectadas por el VIH, en realidad discriminen y
rechacen a los pacientes con VIH/SIDA en India», concluyeron los
investigadores.9
La discriminación contra los pacientes VIH positivos no sólo pone en
peligro su bienestar, sino también la seguridad de otros profesionales de
salud. La doctora María Eugenia González, obstetra y ginecóloga del
Hospital General de México en la Ciudad de México, recuerda cómo el
personal de dicho hospital puede haber corrido peligro porque una mujer en
parto mintió acerca de su estado relativo al VIH para que la internaran
en el Hospital General, después de que no la aceptaron en otros
hospitales porque era VIH positiva. La doctora González, becaria de
Investigación de Tecnología Anticonceptiva en FHI, opina: «Cuando llegó
a nuestro hospital estaba desesperada por recibir asistencia médica. Tan
pronto como se hospitalizó, dio a luz». Aunque el Hospital General toma
precauciones habitualmente, es posible que el personal de algunos
hospitales no sea tan cuidadoso si no sabe que un paciente es VIH positivo.
| No hacer daño |
 |
| Presione para ver una
versión más amplia. |
Daño causado por los compañeros
Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir traumatismos, ser víctimas
de violación o ser asesinadas por un compañero actual o pasado que por
cualquier otra persona. En estudios fiables y a gran escala los resultados
indican que entre 16 y 52 por ciento de las mujeres han sido víctimas de
abuso físico por parte de un compañero. Encuestas realizadas en varios
países indican que entre 10 y 15 por ciento de las mujeres han sido
obligadas a tener relaciones sexuales por su compañero íntimo.10
A pesar de ser tan común, la violencia doméstica suele permanecer
oculta. El esposo fue el agresor en tres de cada cuatro casos notificados
de abuso de 179 mujeres que utilizaban los servicios de salud en Santo
Domingo, República Dominicana. Sin embargo, la mitad de las mujeres
entrevistadas que habían sido objeto de abuso físico o emocional – de
las cuales más de las tres cuartas partes habían sido víctimas de abuso
sexual – dijeron que no habían dicho nada a nadie acerca de la
violencia antes de participar en la entrevista para el estudio relativo a
la violencia.11
¿Por qué deben los proveedores de servicios de salud reproductiva
considerar que es su obligación ética ayudar a los clientes que han sido
víctimas de violencia doméstica?
Donna McCarraher, investigadora asociada de FHI que ha estudiado la
violencia por parte del compañero íntimo en Bolivia, opina: «La
violencia es una cuestión de salud reproductiva. Puede poner en riesgo a
las mujeres embarazadas; poner en peligro directamente el uso de la
planificación familiar y la prevención y el tratamiento de las ITS. Del
mismo modo, para muchas mujeres que son víctimas de abuso, los
trabajadores de salud son el principal y a menudo el único contacto para
obtener apoyo e información». (Véase el artículo La
respuesta a las víctimas de violencia doméstica incluye la disipación
de mitos populares, donde se aborda la forma en que los proveedores
pueden ayudar.)
Entretanto, la vida y la salud de una mujer casada también puede
correr grave peligro si su esposo le prohibe que use servicios de
planificación familiar. En muchos países, los proveedores deben obedecer
los requisitos de autorización del cónyuge estipulados en leyes,
reglamentos, normas clínicas y el ministerio nacional de reglamentos de
salud. Sin embargo, algunos proveedores exigen el consentimiento del cónyuge
porque temen que al no obtener dicha autorización se desafían los
valores culturales y esto hará que se tomen represalias contra ellos.
Estudios que el Population Council realizó en Kenia, Botswana, Burkina
Faso, Senegal y Tanzanía revelaron que algunos proveedores notificaban
que habían impuesto más restricciones en el uso de anticonceptivos que
lo previsto en las políticas o los protocolos de servicios. El
consentimiento del cónyuge no se requiere para el suministro de
anticonceptivos orales combinados, condones, dispositivos intrauterinos (DIU),
inyectables o Norplant en estos países. Pero, según el método y el país,
entre 6 y 57 por ciento de unos 2.000 proveedores que participaron en los
estudios seguían exigiéndolo en 1998. «Respecto a todos los países, el
nivel de requisitos de consentimiento del cónyuge para el condón es
desalentador, especialmente porque muchas de esas regiones tienen una
prevalencia elevada de infección por el VIH y otras enfermedades de
transmisión sexual», señalaron los investigadores del estudio. Por
ejemplo, en Kenia, 41 por ciento de unos 444 proveedores notificaron que
limitaban el suministro de condones cuando no tenían el consentimiento
del cónyuge, lo cual, «indica renuencia a reconocer la frecuencia de
transmisión del VIH en las parejas casadas o miedo de que las mujeres
usen los condones en relaciones extramaritales».12
Cuando no hay requisitos legales de consentimiento del cónyuge, los
proveedores tienen una obligación ética de permitir a las mujeres tomar
decisiones independientes acerca de la anticoncepción. El derecho que
tienen las parejas y las personas a decidir libremente cuántos hijos van
a tener y cuánto tiempo van a espaciar los nacimientos se ha reconocido
repetidamente en todo el mundo como una cuestión de principio: en 1974,
en la Conferencia Mundial de Población celebrada en Bucarest; en 1984, en
la Conferencia Mundial de Población celebrada en la Ciudad de México; y,
en 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo celebrada en El Cairo. Además, tribunales de varios países
han establecido que las prácticas de prohibición por parte del cónyuge
violan principios de autonomía y privacidad personal, y el derecho a la
atención de salud. En general, los tribunales están de acuerdo en que un
integrante de la pareja no puede obligar al otro a reproducirse.13
Presión
FHI y muchas otras organizaciones internacionales de salud consideran
que presionar a los clientes a que usen la anticoncepción es incorrecto
desde el punto de vista ético. Muchos países respaldan esa postura.
No obstante, en algunos países se ha tratado de reducir el rápido
crecimiento demográfico, que puede rebasar la capacidad de los recursos y
reducir la calidad de vida de todos. Por ejemplo, es posible que se
ofrezca incentivos a los médicos para que satisfagan cuotas de
inserciones de DIU y que, por consiguiente, éstos presionen a las mujeres
para que acepten dicho método. Las mujeres de regiones indígenas, donde
existen barreras lingüísticas y culturales entre los proveedores de
servicios de salud y los pacientes, pueden ser particularmente vulnerables
a la presión para que usen la anticoncepción.14
También se puede hacer caso omiso de las preferencias de anticoncepción
de los clientes cuando los proveedores – creyendo que saben lo que es más
conveniente – toman decisiones en nombre de los clientes. La doctora
Irina Yacobson, directora médica adjunta de FHI que dirige capacitación
en tecnología anticonceptiva para proveedores de países en desarrollo,
declara: «Hay que recordar que, en algunos entornos, las mujeres mismas
posiblemente prefieran que los proveedores tomen decisiones de reproducción
en su lugar. En efecto, tal vez crean que el proveedor, que se supone que
sepa lo que más les conviene a ellas pero que no toma decisiones en su
lugar, es simplemente indiferente. Ahora bien, lo ideal es que el
proveedor explique a la clienta que, a pesar de que él sabe cuáles métodos
puede usar la mujer, sólo ella puede saber, basándose en sus
circunstancias personales, cuál método le conviene más».
Sin embargo, en general, los proveedores de anticoncepción – en
particular de métodos de acción prolongada – deben ofrecer métodos
sin ejercer presión, como parte de una variedad más amplia de opciones,
y hacer saber a la clienta que se le pueden extraer el DIU y el implante
Norplant cuando ella lo desee.
– Kim Best
Referencias
- Hillis SD, Marchbanks PA, Tylor LR, et al.
Poststerilization regret: findings from the United States
Collaborative Review of Sterilization. Obstet Gynecol
1999;93(6):889-95; Hardy E, Bahamondes L, Osis MJ, et al. Risk factors
for tubal sterilization regret, detectable before surgery. Contraception
1996;54(3):159-62.
- Kirby D, Waszak C, Ziegler J. An assessment of six
school-based clinics: their reproductive health services and impact on
sexual behaviors. Fam Plann Perspect 1991:23(1):6-16; Ford CA,
Millstein SG, Halpern-Felsher BL, et al. Influence of physician
confidentiality asssurances on adolescents’ willingness to disclose
information and seek future health care: a randomized controlled
trial. JAMA 997;278(12):1029-34.
- Kirby D. Emerging Answers: Research Findings on
Programs to Reduce Teen Pregnancy. Washington: The National
Campaign to Prevent Teen Pregnancy, 2001.
- The Voluntary HIV-1 Counseling and Testing Efficacy
Study Group. Efficacy of voluntary HIV-1 counselling and testing in
individuals and couples in Kenya, Tanzania, and Trinidad: a randomised
trial. Lancet 2000;356(9224):103-12.
- Raubenheimer M. AIDS activist murdered. Women’s
Health News Views 1999;29:1-2; Gielen AC, O’Campo P, Faden R, et
al. Women’s disclosure of HIV status: experiences of mistreatment
and violence in an urban setting. Women Health
1997;25(3):19-31; Gielen AC, Fogarty L, O’Campo P, et al. Women
living with HIV: disclosure, violence, and social support. J Urban
Health 2000;77(3):480-91.
- World Health Organization Epidemic Disease Control,
UNAIDS, UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI. Guidelines
for Sexually Transmitted Infections Sur-veillance. (Geneva: World
Health Organization, 1999)1-38.
- Ganasinghe M. Country watch: Sri Lanka. Sexual
Health Exchange 2000;1:12-13.
- Grinstead O, van der Straten A, The Voluntary HIV-1
Counseling and Testing Efficacy Study Group. Counsellors’
perspectives on the experience of providing HIV counseling in Kenya
and Tanzania: the Voluntary HIV-1 Counseling and Testing Efficacy
Study. AIDS Care 2000;12(5):625-42.
- Taherullah Z, Palaniappan K. Medical ethics,
hypocrisy and AIDS Prevention and Control Project (APAC)’s efforts. The
XIII International AIDS Conference, Durban, South Africa, July
9-14, 2000.
- WHO Violence against Women Infor-mation Pack.
Violence and Injury Prevention. Violence
against Women in Families. Geneva: World Health Organization,
1997.
- Payán LJ, Brache V, Álvarez F, et al. Prevalencia
de Violencia contra la Mujer entre Usuarias de Dos Servicios de Salud
en Santo Domingo, República Dominicana. Asociación
Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana (ALIRH),
Curitiba, Brazil, April 30, 2001.
- Miller K, Miller R, Askew I, et al., eds. Clinic-Based
Family Planning and Reproductive Health Services in Africa: Findings
from Situation Analysis Studies. New York: Population Council,
1998.
- Cook RJ, Maine D. Spousal veto over family planning
services. Am J Public Health 1987;77(3):339-44.
- Kirsch JD, Cedeño MA. Informed consent for family
planning for poor women in Chiapas, Mexico. Lancet 1999;354
(9176):419-20.
La
respuesta a las víctimas de violencia doméstica Incluye la
disipación
de mitos populares
|
|
Muchos trabajadores de salud no tienen el tiempo,
la capacitación, los recursos ni el apoyo para ayudar a las víctimas
de violencia doméstica.
Sin embargo, la Organización Mundial de la
Salud declara que, como mínimo, los trabajadores de salud pueden
hacer lo siguiente:
- Estar atentos a posibles síntomas y signos
de abuso –como infecciones pélvicas, infecciones de
transmisión sexual (ITS) recurrentes, traumatismos físicos y
depresión– y hacer un seguimiento.
- Cuando sea factible, como parte del
interrogatorio clínico, preguntar habitualmente a las
clientas acerca de sus experiencias relativas al abuso.
- Si se sospecha que ha habido abuso o si éste
es evidente, mostrarse comprensivo y no culpar a la víctima
pues ello puede reforzar el aislamiento y hacer que ésta se
culpe a sí misma de lo ocurrido.
- Proporcionar atención médica adecuada y
documentar en los registros médicos de la clienta los casos
de abuso.
- Buscar recursos comunitarios disponibles y
remitir a las clientas al lugar adecuado.
- Mantener la privacidad y la confidencialidad
de la información y los registros de la clienta.1
Alessandra Guedes, funcionaria de un programa
relativo a violencia basada enel género de la Federación
Internacional de Planificación de la Familia/Región del
Hemisferio Occidental (IPPF/WHR) en Nueva York, opina: «Cuando se
trabaja con una víctima de violencia doméstica, la prioridad más
importante del proveedor debe ser evaluar la seguridad de la mujer
respecto al riesgo de recurrencia de la violencia, resultados
adversos para la salud reproductiva o la muerte por homicidio o
suicidio. Obviamente, es esencial que los proveedores adopten
medidas inmediatas si la mujer corre grave peligro». Esto puede
implicar ayudar a las víctimas de violencia doméstica a preparar
un plan de escape; es decir, saber adónde ir y qué llevarse si
el peligro se agrava demasiado.
El proveedor también debe tener en cuenta el
lema de «no hacer daño». Esto incluye no culpar a la mujer por
la violencia doméstica de la que ha sido víctima. Donna
McCarraher, colaboradora de investigación de FHI que ha estudiado
la violencia de compañeros íntimos, opina: «Los trabajadores de
salud, por ejemplo, posiblemente culpen a la mujer por seguir
viviendo en una situación de abuso porque no comprenden las
limitaciones económicas y sociales que ella afronta ni el hecho
de que un gran número de mujeres que son víctimas de abuso aman
a su compañero y no quieren dejarlo … lo único que quieren es
que él no les pegue más. También es posible que los proveedores
culpen a una mujer que no sigue su consejo de usar condones. Pero
si la mujer sabe que si trata de negociar el uso del condón hará
que el compañero le dé una paliza, lo único que se logrará con
darle otra charla acerca del condón es avergonzarla más».
En muchos entornos, las mujeres y los hombres
aceptan la violencia doméstica y ésta sólo podrá disminuir a
medida que se reconocen los derechos humanos básicos. Hasta ese
momento, los proveedores estarán limitados respecto a lo que
hacen por el apoyo institucional que reciben. Donna McCarraher
advierte: «En general, un proveedor que desee dar el primer paso
para tratar de detectar a las víctimas de violencia doméstica
debe tener una meta concreta. ¿Es permitir al proveedor dar mejor
atención de salud? ¿Es ofrecer a las mujeres una oportunidad
para que hablen de su situación y reforzar el hecho de que no son
culpables del abuso del que son o han sido víctimas? ¿O es
remitir a un cónyuge que ha sido víctima de abuso a los
servicios apropiados? Si la meta es la remisión, los proveedores
deben estar al tanto de los recursos que existen para las víctimas
de violencia. El asunto es que, si se le pregunta a una víctima
si ha sido objeto de abuso, hay que estar preparado. De lo
contrario, es posible que se haga más daño que bien».
A fin de estar preparados para actuar, los
proveedores necesitan guía y capacitación substanciales, junto
con apoyo institucional. Una fuente que sirve de guía es un boletín
informativo de la IPPF/WRH acerca de cómo integrar la violencia
basada en el género en el tema de la salud sexual y reproductiva,
que puede encontrarse en http://www.ippfwhr.org/publications/publication_detail_e.asp?PubID=10.
El boletín del invierno de 2001 describe la
forma de elaborar un protocolo para poner en práctica la detección
y servicios para víctimas de la violencia basada en el género.
El del verano de 2000 indica cómo establecer una red de remisión
y empezar a poner en práctica la detección de clientes y la
capacitación del personal. También puede obtenerse una guía
acerca de las formas de acabar con la violencia contra la mujer,
del Programa de Información de Población de la Escuela de Salud
Pública de Johns Hopkins, en http://www.jhuccp.org/pr/l11edsum.stm.
– Kim Best
Referencia
- WHO Violence against Women Information Pack.
Violence and Injury Prevention. What Health Workers Can Do.
Geneva: World Health Organization, 1997.
|
¿Se
justifica la escisión genital femenina?
|
|
El simple hecho de que ciertas prácticas hayan
existido durante siglos, se hayan generalizado y hayan sido
ampliamente aceptadas en algunas culturas no hace que sean
aceptables desde el punto de vista de la ética.
Se trata de la práctica de la escisión genital
femenina (EGF) o circuncisión femenina, que consiste en la
extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos u
otro traumatismo de los órganos genitales femeninos. Se calcula
que la prevalencia de la EGF es de por lo menos 90 por ciento en
algunos países africanos y del Oriente Medio. En tales culturas,
a menudo los hombres y las mujeres aceptan esta práctica. Muchas
mujeres creen que la EGF garantiza que van a ser aceptadas por su
comunidad. No saben que esto no se realiza en la mayor parte del
mundo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas han declarado conjuntamente que
la EGF causa un daño inaceptable y han hecho un llamamiento para
su erradicación completa.1 Entre las complicaciones
inmediatas de la EGF figuran hemorragia, shock, infecciones,
retención de la orina (que suele causar infecciones de las vías
urinarias) y traumatismo del tejido adyacente (que a menudo causa
incontinencia urinaria). Entre las complicaciones a largo plazo
figuran sangrado, anemia, dificultad para orinar, infecciones
recurrente de las vías urinarias, incontinencia, infecciones pélvicas
crónicas, infertilidad, abscesos vulvares, cicatrices, menstruación
difícil o dismenorrea, disfunción sexual y problemas en el
embarazo y el parto.
Se ha señalado que estos perjuicios para la
salud podrían reducirse al tiempo que se mantiene la inveterada
tradición de la EGF si el procedimiento lo realizan profesionales
médicos capacitados, en entornos higiénicos. Esta tendencia de
«medicalización» del procedimiento está surgiendo en varios
lugares, incluidos Egipto y Kenia.
Sin embargo, la OMS ha recomendado sistemática
y claramente que la EGF, en cualquiera de sus formas, no debe
practicarla ningún profesional en ningún lugar (incluidos
hospitales y otros establecimientos de salud).2 El
doctor Ian Askew, asociado principal de programas del Population
Council, que trata de erradicar la práctica, opina: «Si una
persona llega a la edad en que puede dar su consentimiento y desea
someterse al procedimiento en un país donde éste sea legal,
entonces es su decisión y su derecho. Pero la EGF generalmente se
realiza en niñas o en mujeres demasiado jóvenes para dar su
consentimiento, y realizar la EGF sin consentimiento es claramente
una violación de sus derechos humanos básicos».
El doctor Askew agrega: «En Kenia y Malí, los
ministerios de salud han prohibido la práctica explícitamente a
su personal y en sus establecimientos, pero el efecto de estas políticas
no está claro. No se sabe si las directivas que prohíben la EGF
conducirán a las escisión clandestina realizada por los
profesionales de la salud, al resurgimiento de practicantes
tradicionales de la EGF o a la eliminación de la práctica».
Las instituciones que trabajan para eliminar la
EGF generalmente creen que cambiar las creencias que perpetúan
esta práctica debe ser el centro de las intervenciones que
procuran erradicarla, opina la doctora Laila Nawar, asesora
regional del Population Council en El Cairo, Egipto. En Malí, el
Population Council ha animado a los profesionales de salud a que
dejen de realizar EGF y los ha instado a que persuadan a sus
clientes para que eliminen la práctica.
– Kim Best
Referencias
- World Health Organization, UNICEF, United
Nations Population Fund. Female Genital Mutilation: A
Joint WHO/UNICEF/UNFPA Statement. (Geneva: World Health
Organization, 1997)1-20.
- World Health Organization, UNICEF, United
Nations Population Fund.
|
|
Todos los derechos reservados,
